Modus operandi
La banda exigía $1,6 millones mensuales (USD 1.800) por concepto de “protección”. Según Sarmiento, los carabineros ofrecían sus servicios de protección ostentando su calidad de policías. Cobraban una suma de dinero y, a cambio, dejaban a un funcionario en el local comercial durante ciertos horarios, pero solo los días posteriores al pago. Cuando hubo delitos que perseguir, nunca intervinieron.
Si algún locatario se negaba a pagar, comenzaban los hostigamientos y amenazas. Se paraban fuera del local realizando controles de identidad y de tránsito, impidiendo el ingreso de clientes. Este hostigamiento también involucraba a personal de seguridad municipal, que realizaba controles de patentes y otras verificaciones.
Denuncias y protección
Estos hechos ocurrieron durante años, pero las víctimas comenzaron a denunciar cuando se sintieron excesivamente abusadas. Varios clientes de Sarmiento fueron amenazados durante el periodo de investigación, lo que llevó a solicitar medidas de protección de la Fiscalía, asignadas a otras unidades policiales.
La banda de carabineros cayó gracias a una investigación de la sección de Asuntos Internos de la misma institución. La investigación reveló que los policías extorsionaban y amenazaban a los comerciantes chinos del barrio Meiggs, exigiendo dinero a cambio de una supuesta protección. La formalización de los cargos continúa, y las autoridades buscan asegurar que estos actos de corrupción y abuso de poder no queden impunes.
