El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este lunes que las protestas desatadas tras la ratificación de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales han dejado un saldo de 25 personas muertas. Saab atribuyó estas muertes a “grupos delincuenciales instrumentalizados” que, según sus declaraciones, fueron organizados por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) durante la campaña electoral.
Las manifestaciones, que han tenido lugar en varias regiones del país, han sido especialmente violentas en Caracas y en el estado Aragua, donde se reportaron siete víctimas mortales en cada uno. Otras muertes ocurrieron en Bolívar, Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, aunque el fiscal no proporcionó detalles específicos sobre las cifras en cada región.
Hasta el 2 de agosto, las autoridades han contabilizado 192 personas heridas durante las protestas, de las cuales 97 pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado.
En respuesta a la situación, la Misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU ha exigido al gobierno venezolano que detenga de inmediato la represión y que investigue las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado. Según un comunicado de la ONU, 23 de las muertes ocurrieron entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego, con víctimas principalmente hombres menores de 30 años.
La presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, subrayó la importancia de investigar estas denuncias y aseguró que, de confirmarse un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad o de civiles armados progubernamentales, debe haber rendición de cuentas.
El gobierno venezolano ha señalado que ha recibido reportes ciudadanos con detalles sobre 22 de las 25 muertes a través de una aplicación digital creada por el Estado. La tensión política en el país sigue en aumento, especialmente después de que la PUD afirmara que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por un amplio margen, apoyando su reclamo con la publicación del 83.5% de las actas electorales.
