06 febrero, 2026
En su columna Estrictamente Personal, Raymundo Riva Palacio sostiene que Estados Unidos mantiene bajo investigación a dos figuras centrales del oficialismo mexicano: el senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. No se trata, advierte, de versiones extraoficiales ni de ruido político, sino de un tema que ha sido colocado de manera directa en las reuniones bilaterales entre ambos gobiernos.
De acuerdo con el análisis, el caso de Marina del Pilar ha escalado al punto de que su permanencia en el cargo ha sido mencionada como parte del problema en el diálogo con Washington. La “cabeza” de la gobernadora —escribe el columnista— habría sido solicitada como una señal política concreta, lo que coloca al gobierno mexicano ante una presión externa inusual para actuar contra una mandataria estatal en funciones.
En paralelo, el nombre de Adán Augusto López es el que más se ha repetido como exigencia explícita para que México actúe en su contra. Riva Palacio detalla que las indagatorias estadounidenses no se limitan al senador, sino que se extienden a su entorno familiar, patrimonial y de negocios, con la posibilidad de que el proceso derive en el congelamiento de activos, un paso previo a acciones legales de mayor alcance.
El texto vincula lo anterior con la reciente salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado, una decisión presentada públicamente como voluntaria, pero que, leída a la luz de la presión internacional, cobra un significado distinto. Para el autor, se trataría de un movimiento de contención ante un escenario que comienza a rebasar la narrativa oficial.
La columna deja al descubierto un punto incómodo para el gobierno mexicano: la agenda de seguridad y corrupción ya no es solo un asunto interno, sino un factor de presión directa desde Washington. Cuando Estados Unidos pone nombres y cargos sobre la mesa, el margen de maniobra política se reduce y las decisiones dejan de ser únicamente soberanas para convertirse en respuestas obligadas.
El dilema es claro: proteger a figuras clave del movimiento o evitar un choque frontal con el principal socio comercial del país. Lo que plantea Riva Palacio no es solo una investigación en curso, sino un escenario en el que la política exterior comienza a marcar tiempos, costos y sacrificios internos.
