28 OCTUBRE, 2025
En su más reciente columna titulada “El desafuero fiscal de Ricardo Salinas”, el periodista Ramón Alberto Garza expone uno de los choques más fuertes entre el poder económico y el poder político en la era de la 4T.
Garza abre con una comparación directa con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004, cuando Vicente Fox buscó frenar al entonces jefe de Gobierno. Hoy los papeles parecen invertirse: el perseguido de entonces encabeza un gobierno que utiliza la maquinaria fiscal contra un empresario incómodo.
El centro del conflicto: Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas (TV Azteca, Banco Azteca, Elektra), enfrenta una disputa con el SAT que comenzó en unos 7 500 millones de pesos y que, por multas y recargos, se disparó hasta los 75 000 millones. El gobierno posteriormente reconoció una cifra menor —unos 48 000 millones—, pero la tensión siguió escalando.
El texto de Garza plantea una pregunta incómoda:
¿Estamos ante una legítima defensa del Estado contra un evasor poderoso, o ante una revancha política disfrazada de justicia fiscal?
Por un lado, cobrar impuestos es parte del deber de cualquier gobierno; por el otro, cuando el proceso se vuelve opaco y selectivo, se transforma en un instrumento de control político.
La analogía con el desafuero de 2004 no es casual: el poder cambia de rostro, pero no de métodos. Ayer fue AMLO frente a Fox; hoy, Salinas Pliego frente a AMLO y Sheinbaum. El fondo es el mismo: la tentación de usar al Estado como garrote.
En el México que describe Garza, la línea entre justicia y venganza se borra con facilidad. Y mientras tanto, el mensaje queda claro: ningún poder (ni económico ni mediático) puede desafiar al político sin pagar el costo.
