13 enero, 2026
Ayer, en Palacio Nacional, los coordinadores parlamentarios de Morena definieron la estrategia para la próxima reforma electoral. Según lo planteado por Salvador García Soto en su columna “Reforma electoral o apropiación morenista” (publicada en El Universal), la discusión no parte de la escucha ni del consenso, sino de la imposición de una visión única : la del gobierno y del régimen en turno.
La reunión, lejos de ser un ejercicio de construcción plural, fue la confirmación de un plan para centralizar la competencia política y redefinir la arquitectura electoral bajo criterios alineados con la mayoría morenista. Lo que se plantea, subraya García Soto, es una reforma que no nace de la pluralidad de voces —de distintos partidos, ciudadanos, académicos o instituciones autónomas— sino de una estrategia diseñada desde el poder para garantizar su propia visión de cómo deben ser las elecciones.
Esta estrategia, según el articulista, desnuda una intención preocupante: que la reforma funcione más como un instrumento de consolidación política que como un ejercicio de fortalecimiento democrático. La tentación de recalibrar las reglas del juego desde el Ejecutivo y su bancada dominante, sin abrir verdaderos espacios de diálogo, corre el riesgo de consolidar un modelo de competencia donde las decisiones se toman en la esfera del poder y no en la arena plural de la sociedad.
El enfoque adoptado por los coordinadores morenistas también refleja una lectura reduccionista de la política: se escucha solo a quienes se alinean, se margina la crítica y se redefine el proceso con una sola voz. Para cualquier democracia robusta, la diversidad de puntos de vista no es un obstáculo: es su esencia.
Una reforma electoral que nace de la consigna y no del debate plural no fortalece al sistema: lo debilita. Cuando la mayoría decide sin escuchar, la competencia deja de ser verdadera y las reglas se vuelven herramientas, no garantías. El reto de México no es imponer una visión única del poder, sino garantizar que todas las voces —no solo las dominantes— influyan en cómo y bajo qué reglas se organiza la vida política del país.
