17 febrero, 2026
La salida del comunista Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos abrió un frente interno en la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de que trabajadores y exempleados formalizaron denuncias por presuntos cobros indebidos —mejor conocidos como “moches— y un clima de presión laboral dentro del área encargada de los libros de texto gratuitos.
Una queja presentada el 12 de enero ante el Órgano Interno de Control señala directamente a Sady Arturo Loaiza Escalona, entonces director de Desarrollo e Innovación, como quien solicitaba aportaciones económicas a personal contratado por honorarios.
En el documento, Samantha Natalia Ríos Villanueva, subdirectora de Desarrollo e Innovación para Secundaria, detalla que se le pidió “sondear” a compañeros para reunir recursos destinados —según se les explicó— a cubrir compromisos de proyectos.
Señalan a Sady Arturo Loaiza por pedir moches a trabajadores de honorarios
En su testimonio publicado en El Universal, Ríos Villanueva menciona que consultó a César Gustavo Ramírez Jiménez, Krystell del Carmen Azamar Pérez, Ximena Hernández Galván y David Baltazar Villavicencio sobre la posibilidad de realizar aportaciones. También refiere que las indicaciones finales dependían de Carolina Lizbeth Sosa Hurtado y Betsaida Zúñiga Hernández.
De acuerdo con trabajadores, las cantidades solicitadas alcanzaban hasta 38 mil pesos y, en algunos casos, se ofrecía como incentivo la posibilidad de obtener una plaza.
Parte de la evidencia entregada a la autoridad incluiría capturas de conversaciones y comprobantes de transferencias a cuentas bancarias abiertas con nombres distintos.
En mensajes atribuidos a Loaiza Escalona, se hace referencia a “proyectos pendientes”, en aparente relación con los depósitos. Los denunciantes sostienen que las decisiones eran del conocimiento de la Dirección General, es decir, a Arriaga.
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Acusan presión para forzar renuncias y hostigamiento laboral
Las denuncias no se limitan al presunto esquema de moches. Omar Guadarrama Enríquez presentó un escrito ante la Subsecretaría de Educación Básica en el que asegura que solicitó depósitos salariales a nombre de Sandra Bonilla Meza bajo indicaciones superiores y en un contexto de engaño.
Ríos Villanueva también relata que, tras advertir posibles irregularidades, fue llamada a la oficina de Arriaga Navarro para pedirle que solicitara la renuncia de un colaborador, con el argumento de que así evitaría consecuencias mayores si se iniciaba una investigación.
Exempleados describen un ambiente de tensión constante, con señalamientos ideológicos y más de 30 despidos que consideran injustificados desde 2021.
