febrero 9, 2026
Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, reiteró que el Gobierno de su país no plantea ingresar a la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la asilada exprimera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de prisión junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
“Quiero reiterar con absoluta firmeza que Perú no va a ingresar por la fuerza en la Embajada de México, ni siquiera se está considerando”, enfatizó en declaraciones a periodistas De Zela, para reafirmar la postura que el Ejecutivo peruano mantiene desde que conoció que el Gobierno mexicano dio asilo a Chávez.
Desde un inicio, el Gobierno de Perú se ha mostrado en contra de replicar la experiencia protagonizada en 2024 por Ecuador, cuando el presidente de ese país, el derechista Daniel Noboa, ordenó asaltar la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, a quien el Ejecutivo mexicano también había dado asilo.
Desde hace dos semanas, Perú aceptó que Brasil se hiciera cargo de las sedes diplomáticas de México, con quien rompió relaciones a todo nivel al conocerse el asilo brindado a Chávez.
De Zela también señaló que, durante una visita que hizo a Washington la pasada semana, conversó con los representantes de varios países de la región ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las consultas del Gobierno peruano respecto a la Convención de Caracas (1954) que regula el asilo político y diplomático.
El Ejecutivo de Perú ha puesto a consultas en el seno de la OEA el procedimiento de asilo al considerar que México lo ha desvirtuado por dar este beneficio a Chávez, sobre quien el Gobierno rechaza que haya una persecución política.
Si bien la Convención establece que no se puede dar asilo a procesados o condenados por delitos comunes, queda en manos del Estado que recibe la solicitud darle la categoría de persecución política.
Así, el Gobierno peruano ha supeditado a este proceso de consultas la concesión del salvoconducto que en principio debe darle a Chávez para que pueda viajar a asilarse a México sin ser detenida por las autoridades nacionales de Perú.
Chávez fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión como culpable del delito de conspiración para la rebelión, al considerar un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Perú que tuvo vinculación y complicidad con el mensaje a la nación dado por Castillo el 5 de diciembre de 2022, en el que ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura.
El mensaje, ofrecido por Castillo desde Palacio de Gobierno con el objetivo de evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras revelarse indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él, no surtió efecto y el presidente fue detenido cuando aparentemente se dirigía a la Embajada de México, donde su familia fue asilada ese mismo día.
