19 FEBRERO, 2026
El periodista Carlos Loret de Mola vuelve a encender el debate sobre impunidad y acción gubernamental con su columna en El Universal: ¿por qué no siguen investigando a García Luna?. Más allá de una reflexión sobre el caso específico, Loret traza un paralelo que hiere: el actual gobierno federal —al desestimar abrir investigaciones a partir de denuncias internas y públicas contra personajes cercanos— estaría reproduciendo el mismo patrón que permitió que Genaro García Luna operara sin freno durante años.
Con datos recuperados de cartas y advertencias internas al expresidente Felipe Calderón, Loret recuerda cómo altos funcionarios de su propio gabinete le advirtieron sobre las presuntas colusiones de García Luna con el crimen organizado, advertencias que fueron —en el momento— minimizadas o archivadas. La denuncia no prosperó y hoy García Luna está cumpliendo sentencia en Estados Unidos por vínculos con el narco, aunque la investigación se llevó a cabo fuera de México y se cimentó principalmente en testimonios, más que en evidencia documental robusta.
Ese pasado que ya deja cicatriz no parece haber enseñado la lección al presente. Frente a las acusaciones difundidas por figuras como Julio Scherer Ibarra en torno a la 4T y sus círculos, la respuesta oficial ha sido apuntar hacia viejas sombras como la de García Luna en vez de enfrentar las acusaciones con investigaciones formales. Para Loret, la narrativa de “no hay pruebas”, el desgaste en pedir evidencias imposibles de obtener y la negativa a abrir carpetas de investigación no son errores menores, sino repeticiones de una lógica de evitación de responsabilidad que ya vimos en un pasado polémico de la política mexicana.
La comparación es brutal porque desnuda una verdad incómoda: no se trata solo de casos aislados, sino de una cultura política que prefiere negar, minimizar y distraer antes que enfrentar la justicia y la transparencia. El lector, acostumbrado a columnas que exploran hechos, termina confrontado con una pregunta más profunda: ¿por qué el aparato del Estado protege a sus propios fantasmas y los convierte en espejos donde se mira cada administración?
Aquí va la puya que pocos se atreven a pronunciar: no es solo qué se investiga, sino quiénes quedan fuera del radar de la justicia. Cuando un gobierno replica los mismos patrones que una administración anterior que hoy tiene a uno de los arquitectos de la “guerra contra el narco” condenado en el extranjero, la impunidad deja de ser accidente y se transforma en política. Y en ese reflejo, lo que vemos no es solo la historia repetida, sino una voluntad sistemática de evitar que la verdad tenga consecuencias reales.
