05 MAYO, 2026
Mientras el gobierno de Estados Unidos señala puntualmente, con nombre y apellido, a políticos y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, en México estas figuras continúan gozando libertad y en muchos casos, desarrollando sus actividades sin mayores complicaciones.
En nuestro país ninguno de los 10 señalados enfrenta consecuencias judiciales. La inacción impera: desde gobernadores con licencia, hasta excomandantes, todos permanecen sin ser arrestados y activos en sus respectivos ámbitos.
¿Qué ha pasado con las 10 personas acusadas de narcoterrosrismo por el gobierno de EUA?
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, se encuentra en plena libertad.
- Enrique Inzunza Cázares, senador de la República por Morena, continúa ejerciendo sus funciones legislativas sin interrupciones.
- Juan de Dios Gámez, exalcalde de Culiacán, dejó el cargo de manera provisional y permanece libre.
- Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas del estado, se dedica actualmente al sector inmobiliario.
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa, solicitó licencia sin goce de sueldo.
- Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, está jubilado, fuera de servicio y libre.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación, carece de cargo público actual y goza de libertad.
- Gerardo Mérida Sánchez, general de división retirado del Ejército mexicano y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, renunció a su puesto en 2024 y está libre.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y excomandante de la policía estatal, se encuentra fuera de servicio.
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juaniuto”, excomandante de la policía municipal de Sinaloa, se habría sumado a los “Chapitos”; está acusado de secuestrar y asesinar a un informante de la DEA y a su familia, pero permanece en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) espera que el gobierno del país vecino emita las pruebas que los incriminan para estimar si procede su detención con fines de extradición.
